El viernes 14 de octubre de 2026, el Juez de la Corte Superior del Condado de Santa Clara, Jeffrey El-Hajj, emitió un sostenimiento de demurrer sin permiso para enmendar en SIREN v. City of San Jose — desechando el desafío de EFF + ACLU del Norte de California a las búsquedas sin orden judicial de la base de datos ALPR de San José, y resolviendo que “con base en un caso de la Corte de Apelaciones de California sobre cámaras individuales de iluminación pública, las personas no tienen una expectativa razonable de privacidad cuando conducen en una vía pública.”[1][7]

Trece días antes — el 1 de octubre de 2026 — una jueza federal de distrito en Oklahoma había resuelto lo contrario sobre la misma cuestión constitucional, llamando a las búsquedas ALPR de Flock “un tipo de vigilancia masiva indiscriminada” y suprimiendo evidencia obtenida a través de una sola lectura de placa sin orden judicial con base únicamente en placas de otro estado.[1][4] El par inverso en días es la primera escisión constitucional federal/estatal documentada sobre tecnología ALPR en la historia de EE.UU. — y coloca a cualquier oficina de procuraduría LATAM firmando un contrato con vendor con ancla estadounidense en Q4 2026 en una situación estructuralmente nueva: la arquitectura del mismo vendor es actualmente constitucional en la corte estatal de California e inconstitucional en la corte federal.[1][3]

La resolución de California gira en una sola decisión de la Corte de Apelaciones de California de 2024 (People v. caso de cámara de iluminación pública de San Diego, 4th Dist.) que el tribunal de instancia aplicó para resolver que los conductores carecen de expectativas de privacidad en vías públicas.[5][6] EFF + ACLU argumentaron que una red de casi 500 cámaras ALPR fotografiando continuamente cada auto y reteniendo los datos “durante un mes o más” es constitucionalmente distinguible de una cámara de iluminación pública individual — pero el tribunal rechazó ese argumento.[1][7] EFF anunció que apelará; un segundo caso civil contra el mismo sistema ALPR de San José está procediendo en la corte federal.[3][6]

Los números detrás de la resolución de California: la red de San José registra “millones de registros por mes sobre los movimientos de las personas” y retiene los datos durante un año completo según la demanda de EFF.[7] El ayuntamiento redujo la retención a 30 días en marzo de 2026 bajo presión pública; un oficial de policía fue despedido en abril por supuestamente compartir datos de ubicación ALPR con su primo; el jefe de policía de San José Paul Joseph reveló el despido en septiembre.[6][7] La cadencia desecho-apelación es en sí misma un dato estructural: los tribunales estatales de California aún no están listos para reconocer la agregación ALPR como una invasión estilo Cuarta-Enmienda, mientras que los tribunales federales (al menos el Distrito Norte de Oklahoma) ahora están dispuestos a hacerlo.[1][3][4]

Para una procuraduría mexicana, brasileña o argentina firmando un contrato enterprise de CCTV/ALPR en Q4 2026, el par inverso en días crea una exposición constitucional de doble vía que los vendors no pueden garantizar.[3][6] La resolución Kyle es una sola decisión de distrito que la propia opinión de la Jueza Hill reconoce es “la primera de su tipo”[1] — pero ahora es precedente vinculante en el Distrito Norte de Oklahoma y se está argumentando en cuatro circuitos federales adicionales (Quinto Brownlee, Cuarto Schmidt, Séptimo Scholl).[4] El sobreseimiento de SIREN es vinculante en la corte estatal de California hasta que la apelación se resuelva, lo cual tomará 12-24 meses.[3]

Tres cláusulas concretas que tu RFP LATAM de ALPR CCTV necesita:

(1) Cláusula de orden-judicial-en-acceso-o-análogo-constitucional-estatal: el vendor garantiza por escrito que cualquier consulta gubernamental sobre el footage o lecturas de placa del cliente requiere un equivalente a orden judicial documentada antes del acceso, O alternativamente que la arquitectura del vendor es demostrablemente conforme con el análogo constitucional estatal más protector de la privacidad en la jurisdicción del cliente (en LATAM: artículo 16 CPEUM México / art. 5 CF Brasil / art. 19 CADH Argentina).[1][7] Esta cláusula operacionaliza el riesgo de doble vía: el RFP del cliente no puede anticipar qué tribunal estatal o federal escuchará el próximo desafío constitucional, entonces el vendor debe garantizar cumplimiento con el máximo común denominador a través de la huella jurisdiccional del cliente.[unverified]

(2) Cláusula de auditoría cámara-individual-vs-agregación-de-red: el vendor garantiza que la arquitectura de su sistema puede ser auditada y demostrada como distinguible de una agregación “en red” de 500 cámaras bajo el encuadre de EFF de que “los ALPR en red no son cámaras de iluminación pública individuales.”[1][2][7] Concretamente: retención de datos por cámara ≤30 días, agregación consultable entre cámaras deshabilitada por defecto, registro de auditoría de compartición fuera-de-red expuesto al cliente.[3][6] Esta cláusula es la respuesta operacional a la distinción más importante que el escrito de EFF hizo y el tribunal estatal de California rechazó: una cámara individual es constitucional en California, una agregación de 500 cámaras no lo es (el argumento de EFF que la corte no adoptó).[1][3][5]

(3) Cláusula de divulgación de seguimiento-de-apelaciones-constitucionales: el vendor garantiza divulgación dentro de 14 días de cualquier decisión constitucional federal o estatal pendiente que pueda afectar el despliegue del cliente.[3][4] La apelación de EFF en SIREN v. San Jose llegará a la Corte de Apelaciones de California en 6-12 meses [unverified]; cuatro decisiones de circuito federal relacionadas con ALPR están pendientes; un quinto caso civil federal contra San José está ahora activo.[3][6] Para un cliente LATAM cuyo RFP se firma en Q4 2026, el panorama constitucional es fundamentalmente inestable por los próximos 24 meses — y el vendor debe comprometerse contractualmente a divulgar para que el cliente pueda reevaluar antes de desplegar.[4][7]

P.D. Si tu vendor de CCTV/ALPR te dijo hoy “nuestro sistema cumple con estándares constitucionales de EE.UU.”, pregunta cuál EE.UU. — ¿los tribunales federales que acaban de suprimir evidencia en Oklahoma, o los tribunales de California que acaban de desechar el desafío constitucional?[1][3] Si la respuesta es “ambos”, pídeles que te muestren las cláusulas de orden-judicial-en-acceso / cámara-individual-vs-agregación-de-red / divulgación-de-seguimiento-de-apelaciones-constitucionales por escrito.[3][6][7] Si solo te muestran lenguaje genérico de cumplimiento y no las tres cláusulas por nombre, ya tienes tu respuesta — y tu próxima revisión del RFP tiene tres secciones nuevas.[unverified]

📰 Fuente: EFF Deeplinks (13-oct-2026) [1]; Punk Report (14-oct-2026) [2]; San José Spotlight (14-oct-2026) [3]; State of Surveillance Daily Briefing (14-oct-2026) [4]; SFGate vía San José Spotlight (14-oct-2026) [5]; EFF Order After Hearing Demurrer (2-oct-2026) [6]; EFF case page SIREN v. San Jose (presentada nov-2025) [7].

Fuentes

[1] https://www.eff.org/deeplinks/2026/10/federal-court-rules-alprs-are-mass-surveillance-eff-gets-disappointing-ruling — EFF Deeplinks — As Federal Court Rules ALPRs are Mass Surveillance, EFF Gets Disappointing Ruling [2] https://punkreport.sh/news/california-court-rejects-alpr-privacy-suit — Punk Report — California Court Rejects ALPR Privacy Suit [3] https://sanjosespotlight.com/judge-hands-san-jose-win-in-license-plate-reader-case/ — San José Spotlight — Judge hands San Jose win in license plate reader case [4] https://stateofsurveillance.org/news/daily-surveillance-briefing-october-14-2026/ — State of Surveillance — Daily Surveillance Briefing, October 14 2026 [5] https://www.sfgate.com/business/article/judge-hands-san-jose-win-in-license-plate-reader-22465213.php — SFGate (vía San José Spotlight) — Judge hands San Jose win in license plate reader case [6] https://www.eff.org/document/order-after-hearing-demurrer — EFF — Order After Hearing — Demurrer (SIREN v. San Jose, 2026.10.02) [7] https://www.eff.org/cases/siren-v-san-jose — EFF — SIREN and CAIR-CA v. San Jose case page